En 2022, la organización feminista Artemisas, dedicada a asuntos de incidencia política en Colombia, tuvo muchas dificultades para promover en Instagram El estallido, un documental sobre las protestas sociales de los últimos años en Colombia.
Aunque las piezas de promoción –fragmentos que mostraban algunas escenas de noticieros, declaraciones de políticos e imágenes de las manifestaciones– no incumplían las normas de la plataforma, subirlas a Instagram se convirtió en una lucha contra las decisiones imprevisibles del algoritmo. Una vez publicadas, los videos pasaban casi desapercibidos. Mientras el resto del contenido alcanzaba miles de reproducciones, estas piezas tenían niveles de interacción mucho menores y en ocasiones eran eliminadas por infringir las políticas de contenido, aunque nunca se indicaba expresamente cuál era la razón para sancionarlas.
La plataforma ofrece la posibilidad de apelar cuando se recibe una sanción, pero este camino tampoco fue una solución. Al igual que en otros casos relacionados con Instagram, las apelaciones, así fueran enviadas una y otra vez, nunca recibían una respuesta. Esta falla es doblemente perjudicial, pues además de quitarles a los usuarios la oportunidad de enmendar un posible error de la plataforma, se les niega la posibilidad de seguir el proceso establecido por Meta, que permite a los usuarios insatisfechos con una decisión apelar una segunda vez ante el Consejo asesor de contenidos, un organismo independiente que resuelve casos de moderación como una última instancia.
El problema con El estallido se suma a una serie de dificultades que Artemisas ha tenido para llevar su mensaje a través de Instagram. Además de este documental, la organización se ha encontrado con obstáculos para promover uno de los temas más importantes de su agenda: la interrupción voluntaria del embarazo.
Al igual que otras organizaciones con agendas similares alrededor del mundo, Artemisas ha tenido que lidiar con las restricciones de las políticas de publicidad de Meta. Estas normas son mucho más estrictas que las normas comunitarias, es decir, las que regulan lo que puede o no decirse en la plataforma –el contenido orgánico–. Las compañías de redes sociales tienden a poner muchos más requisitos al contenido que se promueve a través de anuncios, y por tanto impiden que se paute sobre armas, contenidos para adultos o contenido sensacionalista, por citar tres asuntos de los que de cierta manera puede hablarse cuando no hay un anuncio de por medio.
Aunque estas políticas no impiden explícitamente hablar del aborto, distintas organizaciones feministas alrededor han denunciado que Meta no les ha permitido pautar contenido informativo relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo. En esos casos, según han explicado voceras, de esas organizaciones, las razones esgrimidas por la compañía para negar este tipo de publicaciones acuden a toda clase de interpretaciones de sus políticas de publicidad, desde las reglas que prohíben pautar productos o servicios para la salud sexual hasta las que prohíben el contenido que afirme o sugiera atributos personales. Según Marthe Dimitratou, estratega digital de la organización Women on Web, a través de estas excusas Instagram y Facebook están “suprimiendo y ocultando información vital para personas que la necesitan”.
Las organizaciones a favor de la interrupción voluntaria del embarazo adelantan sus tareas en línea entre sanciones poco claras y alertas de seguridad.
Además de estas restricciones, Artemisas se ha visto expuesta a ataques de seguridad al compartir en Instagram contenido relacionado con su causa. A finales de agosto, luego de transmitir en vivo una audiencia pública en el Congreso de la República, su cuenta recibió una alerta de seguridad por haber detectado “actividad sospechosa”, por lo cual la plataforma decidió bloquearla permanentemente.
Es posible que detrás de esa acción de la plataforma hubiera un intento por atacar la cuenta. De hecho, el episodio se relaciona a uno ocurrido a finales del año pasado, cuando la cuenta de Twitter de la abogada y columnista Ana Bejarano quedó temporalmente restringida por razones de seguridad luego de aparecer en una transmisión en vivo con una camiseta a favor del derecho al aborto, que por esos días discutía la Corte Constitucional en Colombia. En esa oportunidad, la plataforma tomó la medida porque al parecer alguien estaba intentando ingresar a su cuenta.
Las organizaciones a favor de la interrupción voluntaria del embarazo adelantan sus tareas en línea entre sanciones poco claras y alertas de seguridad. Pero los obstáculos con los que se encuentran estas organizaciones tienen un agravante adicional: el retroceso de la agenda progresista en otros lugares del mundo. Es el caso de la reversión del caso Roe vs. Wade, que durante cincuenta años permitió el derecho al aborto en Estados Unidos. Como en otros escenarios, el contexto de ese país ha terminado por impactar las reglas del debate digital en otros ámbitos, y han dejado a las plataformas en medio de un escenario que les obliga a actuar de acuerdo a decisiones judiciales que riñen con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.