Zero-rating en Colombia: el pulso entre las aplicaciones gratuitas y la vigencia de la neutralidad de la red
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Desde hace más de un año, la Corte Constitucional de Colombia ha tenido en sus manos un caso que podría cambiar las reglas de la oferta de internet móvil en el país. El asunto, que se discutió esta semana en la sala plena, pero sobre el cual aún no se ha tomado una decisión, pone sobre la mesa debates clave sobre la infraestructura de la red, la libertad de expresión y el poder de mercado de compañías como Meta o Spotify.
Se trata de una demanda de inconstitucionalidad presentada por la organización El Veinte, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, contra el artículo 56 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. La norma permite que los prestadores de servicios de internet ofrezcan planes de zero rating o tarifa cero, una práctica que a pesar de sus tecnicismos resulta familiar para los usuarios: se trata de la posibilidad de tener planes de telefonía móvil que incluyen el uso de aplicaciones como Whatsapp, Facebook o X (Twitter) sin consumo de datos.
A primera vista, este tipo de planes se ofrecen como un beneficio para los usuarios. Sin embargo, pueden chocar con un principio de internet ampliamente defendido por organizaciones de la sociedad civil e incluido en varias legislaciones en el mundo: la neutralidad de la red. Según ésta, los prestadores de servicios de internet no pueden discriminar de manera arbitraria el tráfico de aplicaciones y servicios. De manera similar a las tuberías con el agua o la red eléctrica con la energía, quienes ofrecen la conexión a internet deben transportar todos los paquetes de datos por igual. Permitir lo contrario sería ‘romper’ la arquitectura de la red que posibilitó esta revolución tecnológica.
Entre el uso de aplicaciones y el acceso restringido
El artículo en cuestión autoriza a los prestadores de servicios de internet para “hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado o de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de uso y consumo, lo cual no se considerará como discriminación”. Según la demanda, a pesar de su redacción la norma efectivamente discrimina al favorecer el tráfico hacia las aplicaciones que se ofrecen con tarifa cero. Por otro lado, son los usuarios de más bajos recursos quienes resultan impactados por un acceso ‘incompleto’ a internet.
Para Emmanuel Vargas, cofundador de El Veinte y accionante de la demanda, “tener un acceso limitado o parcial a internet por razones económicas es claramente una discriminación. Lo que debería pasar es que existieran planes de diversas escalas económicas que les permitan a todas las personas acceder”. En su opinión, prohibir los planes de tarifa cero en el país no afectaría a los usuarios, por el contrario, podría mejorar sus condiciones, pues en ese caso las empresas “tendrían que competir por ser la opción más atractiva para personas de escasos recursos que quieran tener acceso a internet”.
El argumento sobre la necesidad de contar con un internet móvil abierto y completo adquiere mayor relevancia cuando se ubica en el contexto del internet fijo. El acceso y la calidad del internet residencial en el país varía ampliamente, con marcadas desigualdades entre departamentos como Chocó y Cundinamarca. Mientras en este último hay 18,15 accesos fijos por cada 100 mil habitantes, en el primero hay una quinta parte: 3,71. A esto se suma la disparidad en el promedio de velocidades de descarga: en Cundinamarca es cercano a los 80 Mbps (megabits por segundo) y en Chocó ronda los 10 Mbps.
En la práctica, para muchos colombianos el internet que conocen y usan es el de su celular. Según el Ministerio de las TIC, para el tercer trimestre de 2023 se reportaron 43,3 millones de accesos a internet móvil, una cifra muy superior a los 8,94 millones de accesos fijos, que incluyen tanto servicios residenciales como corporativos. Sin presupuesto para adquirir planes de acceso pleno, la navegación se reduce a las ofertas restringidas, donde la tarifa cero y las aplicaciones incluidas delimitan e incentivan una experiencia en línea mediada por las redes sociales.
Para un excomisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que prefirió mantener su nombre en reserva por ser asesor de compañías del sector, la discusión sobre zero-rating ha perdido vigencia en los últimos años. “Antes los datos eran más costosos, pero el precio ha bajado. Ahora hay mucha variedad; planes con datos limitados, pero con acceso a todo internet”, afirmó. Según esta fuente, no está al tanto de ruidos o quejas en el sector, ni cree que los planes de tarifa cero sean relevantes en el mercado.
Una simple revisión de los planes prepago de algunos operadores evidencia la amplitud de opciones: Tigo ofrece 5 GB de navegación abierta por 10 mil pesos; Claro tiene uno de 10 GB por $11.500 y Movistar vende datos ilimitados por horas. Pero, en ese mismo menú y con distintas modalidades, estos operadores ofrecen usos exclusivos de las aplicaciones dominantes: Whatsapp, Telegram, Waze o Youtube.
La neutralidad de la red: de los tubos y los cables a las aplicaciones
Acuñado por el académico norteamericano Tim Wu en 2003, la neutralidad de la red fundamentó el activismo y la discusión sobre políticas públicas de internet durante la primera década larga de este siglo. Para entonces, el mayor riesgo que se asomaba para el acceso, la descentralización y difusión de contenidos en línea estaba en la capa de la infraestructura. Si se permitía que los dueños de los tubos y los cables maximizarán su interés, estos jugadores negociarían al mejor postor la prioridad de los datos e internet terminaría concentrada como la parrilla de la televisión por suscripción.
Con el paso del tiempo quedó claro que la concentración en internet no sería ahí sino más arriba. Si bien los operadores de telecomunicaciones tienen un músculo grande y siguen buscando maneras de obtener una tajada del negocio, es en la capa de contenidos –las tiendas de aplicaciones de Apple y Google Play, y jugadores dominantes como Meta y TikTok– donde está el embudo. Allí el concepto tradicional de neutralidad de la red se desdibuja, pero se acentúa más el problema de los monopolios y las restricciones de acceso. Es quizá allí donde está la pregunta central: ¿afectan las ofertas parciales de internet móvil la competencia, el acceso a la información y el uso de internet?
Los paquetes de tarifa cero están prohibidos por algunas legislaciones. En el caso de la Unión Europea, el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC) las permite sólo bajo ciertas condiciones. Para aprobarlas, este organismo tiene en cuenta criterios como el poder de mercado de los operadores y de las empresas que desarrollan las aplicaciones, así como los efectos que puedan tener estos planes en los derechos de los consumidores.
La Corte Constitucional podría habilitar planes de tarifa cero ‘agnósticos’, es decir, aquellos que ofrecen opciones para navegar en internet o acceder a aplicaciones o servicios sin consumir datos, pero sin que se favorezca a una compañía en particular. De acuerdo con su intervención ante el tribunal, para la Fundación Karisma este tipo de medidas deberían cumplir con los principios de “libre elección de los usuarios, información, transparencia y no discriminación arbitraria en cuanto a contenidos, aplicaciones o servicios”.
El trámite en el tribunal ha sido notoriamente lento. La demanda fue presentada en 2021; en noviembre de 2022 se celebró una audiencia técnica, y en 2023 el proceso pasó de largo. La semana que termina se esperaba una decisión de fondo que no llegó. Por la relevancia de la Corte Constitucional colombiana en la región, la decisión podría sentar un precedente importante sobre la libertad de expresión en línea en América Latina. Sin embargo, para que los jueces influyan en estos debates fundamentales, deberán hacer un esfuerzo para acompasar sus tiempos al cambio tecnológico. El internet que teníamos cuando se presentó la demanda no es el mismo de ahora.
