Una comisión contra la desinformación agita el debate en Chile
“Comisión asesora contra la desinformación” fue como el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile llamó a su iniciativa para conformar un grupo de académicos y miembros de la sociedad civil que apoye temporalmente al gobierno para analizar la desinformación en el país. Es posible que el nombre mismo, y la entidad que la convocaba, fueran las razones por las que el anuncio echó a andar en Chile el fantasma de la censura, pues de inmediato aparecieron alertas sobre una supuesta intención del gobierno para controlar el discurso público.
De acuerdo con el decreto que la crea, la Comisión, que tendrá un énfasis en plataformas digitales, estudiará el impacto de la desinformación en la democracia, las buenas prácticas internacionales y políticas públicas. Esta labor se traducirá en recomendaciones y asesorías al Ministerio para el desarrollo de políticas públicas y para su participación en instancias internacionales sobre esta materia. A su vez, el nuevo organismo deberá elaborar informes con propuestas o conclusiones y servir como órgano de consulta especializado.
La comisión está presidida por la ministra Aisén Etcheverry e integrada, entre otros, por investigadores de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Católica, miembros de organizaciones como Datos Protegidos y Multitudes y el medio de verificación de datos Fast Check CL.
Para algunos, es importante implementar medidas contra las desinformación y promover programas de alfabetización que mitiguen los daños de este fenómeno, pero el hecho de que estas iniciativas provengan del gobierno ha levantado sospechas. Según Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, es problemático que “sea el Estado quien cree una comisión para determinar desde su óptica lo más conveniente”.
Aunque en el papel las capacidades de la comisión son limitadas, su anuncio ha dado lugar a ideas de un “ministerio de la verdad” con la capacidad de establecer lo que es falso y lo que no. El mismo efecto causó hace poco la discusión del proyecto de ley de las “fake news” en Brasil, que pretende regular a las plataformas digitales y que en algún punto previó un órgano de supervisión que finalmente fue retirado por el alcance que esta narrativa alcanzó a tener.
Sobre esta idea, la ministra Aisén Etcheverry ha advertido que “esta no es una comisión que va a definir qué es y qué no es verdad, no va ha hacer un análisis ni va a emitir opinión respecto de contenidos”. Además, aclaró que el organismo no tiene dentro de sus funciones regular o recibir denuncias de noticias falsas, sino comprender el fenómeno social de la desinformación.
El escepticismo y la tensión política alrededor de la comisión llevó incluso a que en el Senado se presentara un proyecto de acuerdo para denunciar su inconstitucionalidad, bajo la premisa de que incide en asuntos que deben ser tramitados a través de proyectos de ley y no por voluntad del gobierno.
La iniciativa se presenta en un momento crítico para el gobierno chileno, poco después de que la oposición obtuviera las mayorías en el Consejo Constitucional, la nueva institución encargada de redactar una constitución luego de que la propuesta anterior —defendida por el gobierno— fuera rechazada.
Justamente estos procesos, tanto el de aprobación de la primera propuesta como la elección de los nuevos consejeros, estuvieron marcados por narrativas de desinformación que apelaron a sentimientos y valores arraigados en los votantes.
A pesar del eco que ha provocado la noticia, también se ha argumentado que sus objetivos pueden ser insuficientes para atender verdaderamente los retos de este problema en Chile. En un artículo firmado por Vladimir Garay y publicado por la organización Derechos Digitales —cuyo director ejecutivo, Juan Carlos Lara, integra el organismo a título personal— sus facultades se desvían de un análisis más profundo de la desinformación en el que se demuestren concretamente sus efectos perjudiciales en la democracia y las motivaciones que favorecen su producción y amplificación.
