Ley de Servicios Digitales: la Unión Europea pone presión a las plataformas

A comienzos de julio, el Parlamento Europeo aprobó la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), un paquete de normas encaminadas a controlar el poder de las plataformas de redes sociales, con obligaciones estrictas en materia de moderación de contenidos y transparencia y multas muy altas en caso de incumplimientos. Según el comisionado europeo Thierry Breton, es la primera vez que una jurisdicción en el mundo establece estándares integrales para la esfera digital. 

La noticia fue recibida con entusiasmo por distintas organizaciones de la sociedad civil y académicos especializados en derechos digitales y regulación de plataformas. En buena medida la DSA satisface reclamos que estos sectores han tenido durante años en su agenda. Está previsto que la ley entre en vigencia a comienzos de 2023 y se aplicará sobre un mercado de 450 millones de usuarios, por lo que es posible que sus dinámicas resuenen en el resto del mundo.Estas son algunas de las reglas de la DSA que podrían darle una nueva cara a la relación entre las plataformas, los usuarios y los gobiernos:

Reportes de transparencia

Aunque varias de las grandes plataformas publican periódicamente información sobre el contenido que eliminan, como Meta, Twitter, YouTube y Tiktok, hasta ahora esos reportes se habían hecho bajo las propias consideraciones de las compañías, motivados por el riesgo de reputación y regulatorio que implicaba no dar información sobre la aplicación de sus políticas de contenido sobre las solicitudes de los gobiernos para eliminar algunas publicaciones. 

Además, la DSA se refiere en general a los intermediarios, más allá de las redes sociales. Por cuenta de esta norma, los prestadores de internet, los registradores de dominios y los servicios de hosting también deberán presentar informes sobre cualquier actividad de moderación de contenidos realizada durante un año. 

Evaluación de riesgos

La DSA impone más obligaciones a las plataformas con más de 45 millones de usuarios, a las que la ley llama ”plataformas en línea de muy gran tamaño”. Una de esas obligaciones es la de hacer una evaluación anual sobre los riesgos del uso de sus servicios y su operación, y planes para mitigarlos. Entre los riesgos que deben ser evaluados están la difusión de contenido ilícito, efectos negativos en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, y la manipulación de la plataforma mediante actividades dañinas coordinadas que puedan afectar la salud pública, a los menores, el discurso cívico o la seguridad pública. 

Sistemas de recomendación

En sus términos de servicio las grandes plataformas deberán establecer los parámetros usados en sus sistemas de recomendación, es decir, las pautas que se usan para determinar la información que se le presenta a los usuarios, tanto en los feeds de noticias como en otras secciones. Si las plataformas tienen varias opciones disponibles, deberán permitir que sus usuarios las seleccionen o modifiquen según su preferencia.

Este es uno de los puntos más llamativos de la ley, pues los sistemas de recomendación, especialmente los que se basan en la interacción, han sido cuestionados y señalados como causantes de polarización en las redes sociales. No obstante, no queda claro cómo la DSA podría entrar a regular el uso de la Inteligencia Artificial, que cada vez juega un rol más importante en las recomendaciones y el descubrimiento de contenido.

Debido proceso en línea

La DSA ordena que las plataformas tengan mecanismos internos para que los usuarios puedan presentar reclamaciones cuando su contenido es eliminado y cuando se suspenden sus cuentas. En general, las compañías de redes sociales ofrecen la posibilidad de apelar esta clase de sanciones, sin embargo, con frecuencia sus sistemas fallan: los usuarios no entienden las razones por las que son sancionados o sus apelaciones no reciben ninguna respuesta. 

En más de una ocasión, el Consejo asesor de contenido de Meta –un órgano que funciona como una Corte Suprema de esa compañía– le ha pedido a la plataforma ser más cuidadosa con sus procesos para que los usuarios sean notificados correctamente y tengan a su mano recursos para reclamar cuando consideran que una decisión es injusta. Pese a las críticas y exigencias externas, todavía no ha habido garantías suficientes en esta materia. La DSA elevará a estándar legal asuntos que las plataformas han intentado resolver por su cuenta por vía de autorregulación. 

Trusted flaggers y agencias estatales

La ley adoptará un sistema de trusted flaggers o marcadores de confianza. Es decir, entidades con experiencia y competencias suficientes para detectar y reportar contenido en línea con el propósito de que sea eliminado. Las publicaciones señaladas por estos aliados serán priorizadas y tendrán canales especiales de atención. 

Se trata de un modelo que antes ha sido aplicado por algunas plataformas, que trabajan de la mano de organizaciones en sus actividades de moderación. Sin embargo, distintos grupos de la sociedad civil han manifestado sus preocupaciones, pues la DSA contempla que las autoridades de los países de la Unión Europea puedan adquirir este estatus. El tema es especialmente relevante en países donde los índices de derechos humanos no son los más altos –como Polonia o Hungría–, donde las agencias de policía o vigilancia que se designen como marcadores de confianza podrían abusar de sus facultades.

Todo está por verse

Aunque la aprobación de la DSA ha sido celebrada y tomada como un hito en el progreso de los derechos digitales, muchos han manifestado sus reservas. Será la propia Comisión Europea la que vele por el cumplimiento de la ley y se creará un Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica conformado por científicos de datos y especialistas que ayudarán a vigilar la aplicación de la norma. Sin embargo, no es claro que el organismo tenga la capacidad suficiente para hacer cumplir las disposiciones aprobadas por el Parlamento. 

La académica Daphne Keller ha señalado que mientras los ejercicios de transparencia de las plataformas han tenido siempre un margen para el error, la ley espera resultados racionales, claros y rígidos, alcanzados mediante procesos y documentaciones detalladas. Es posible, de esta forma, que las exigencias de la ley pronto se encuentren con las limitaciones de la realidad. Además, aunque la ley hace distinciones entre las grandes y las pequeñas plataformas, estas últimas quedan con una carga que podría ser muy difícil de sobrellevar. 

Este problema podría agravar una de las principales preocupaciones al hablar de regulación: la concentración que algunas compañías han alcanzado en el mercado. Al imponer más condiciones a las empresas de menor tamaño, podría limitarse su crecimiento y afianzar el poder de las más grandes. 

Por otra parte está el rol que las agencias gubernamentales jugarán en el futuro cercano. Para Cristoph Schmon, director internacional de políticas públicas de la Electronic Frontier Foundation, las puertas que les abre la ley pueden dar lugar a un modelo altamente politizado y provocar nuevos problemas. “El respeto por la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea y la inclusión de grupos de la sociedad civil e investigadores será vital para asegurar que la DSA se convierta en un modelo positivo para la legislación fuera de la Unión Europea”, aseguró en un comunicado de la EEF a propósito de la aprobación de la ley. 

Ahí está un último elemento: el impacto que esta nueva norma tendrá fuera de Europa. El mundo observa como espectador este ejercicio para poner a las plataformas a la orden de los derechos de los usuarios y la vigilancia de las instituciones. De la forma en la que las redes sociales asuman el cumplimiento de la DSA depende también la calidad del servicio para usuarios en otros territorios. Si las compañías de redes sociales estandarizan las prácticas de transparencia y moderación que se deriven de esta nueva ley, se sentirá el efecto en otras regiones donde estas compañías no han puesto del todo su mirada, como América Latina. De lo contrario, solo puede esperarse que sigan aumentando las brechas y que, una vez más, la región quede relegada en la conversación global.

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