Argentina: la disputa por la memoria histórica en X
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“Por una memoria completa, para que haya verdad y justicia”, fue la consigna que Javier Milei publicó en X –Twitter– el 24 de marzo pasado, con ocasión del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, donde tradicionalmente se conmemora a las víctimas de la última dictadura militar en Argentina. Su mensaje iba acompañado de un video difundido por la cuenta de la Casa Rosada en el que precisamente se controvierten algunos de los cimientos sobre los cuales, durante cuatro décadas, se ha construido el relato de memoria histórica en ese país.
A tres voces –las del periodista Juan Bautista “Tata” Yofre; Maria Fernanda Viola, hija de un capitán asesinado por un grupo insurgente; y el exguerrillero Luis Labraña–, el breve documental insinúa que la cifra de 30.000 desaparecidos, usada como una estimación de las víctimas de este delito en la dictadura, estaba motivada por intereses económicos. Además, uno de los intervinientes se refiere a los actos de las fuerzas militares durante esos años como “excesos”. Al final, la pieza renombra la fecha como el “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa”.
El video reúne algunas de las posturas que tanto Milei como la vicepresidenta Victoria Villarruel han asumido públicamente. Para Martín Becerra, investigador del Conicet y director del Centro de Investigación en Industrias Culturales, Políticas de Comunicación y Espacio Cívico –ICEP–, las ideas de “verdad completa” o “memoria completa” invocadas por el gobierno son la antítesis del proceso de memoria histórica argentino. “La consigna oscila entre el negacionismo de los crímenes de la dictadura y su vindicación”, asegura.
Expresiones de este tipo no son nuevas, pues, como señala Becerra, han sido esbozadas por los altos mandos de la última dictadura militar desde que fueron juzgados en la década de 1980. “Sin embargo, es novedoso que un presidente del período constitucional reivindique de modo explícito la violencia dictatorial. En consecuencia, el gobierno argentino habilita el ejercicio de la violencia a contramano de los consensos básicos sobre el valor de la vida y de las garantías constitucionales”.
La pieza, que acumula más de ocho millones de reproducciones en X –y otras cientos de miles en YouTube y Facebook– es solo una muestra de las narrativas que circularon ese día. Una observación sobre las conversaciones en X alrededor de este evento permite encontrar publicaciones que cuestionan las cifras del número de desaparecidos y que atacan a organizaciones de derechos humanos.
Un popurrí de discursos de odio y acoso
En una de estas conversaciones se señala reiteradamente a las Abuelas de la Plaza de Mayo –una asociación surgida durante la dictadura para reclamar por sus familiares desaparecidos– como “madres o abuelas de terroristas”, o bien se les tilda directamente a ellas como terroristas.
La publicación con mayor interacción de una de las conversaciones –una métrica que incluye la cantidad de respuestas, réplicas y me gusta– acusa a la organización como terrorista por izar una bandera de Palestina durante las marchas celebradas ese día: “Las Abuelas de Plaza de Mayo marchan con banderas de Palestina. Entre terroristas se entienden”. Otras, que comparten distintas fotografías de las protestas, siguen esa misma línea: “siempre del lado de los terroristas”, asegura una cuenta con una marca de verificación –signo de ser suscriptor del servicio premium de X– , mientras que otra más sostiene que dicha bandera representa a Hamás.
El uso de banderas durante la marcha, así como las conversaciones en línea que la acompañan, no es solamente el eco de un asunto internacional que aterriza en la agenda interna de un país, sino de la posición de Javier Milei, quien reiteradamente ha expresado su apoyo a Israel frente a la guerra en Gaza. Lejos de los llamados a una solución pacífica para este escenario, el discurso del mandatario ha promovido medidas agresivas, incluido el anuncio de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, “tomado como una provocación por el mundo árabe”, señaló hace unos meses el periodista Raúl Kollmann.
Este tipo de publicaciones entran en tensión con las reglas de contenido de X. La política contra la incitación al odio, por ejemplo, prohíbe estigmatizar a un grupo de personas en razón de criterios como la religión o la nacionalidad, como estaría ocurriendo en estas publicaciones al vincular a la población palestina con el terrorismo o al plantear la equivalencia del país con el de un grupo terrorista como Hamás.
En cuanto a la estigmatización y los ataques directos a las madres y abuelas, las reglas para protegerlas de este tipo de discursos son mucho menos claras. Al igual que en otras redes sociales, X establece una serie de categorías –como el origen étnico, la orientación sexual o la identidad de género– para prohibir ataques contra determinadas personas o grupos. Si bien la compañía incluye la edad y el género como parte de estos criterios, y aunque en efecto la organización está compuesta principalmente por mujeres de edad avanzada, la aplicación de las normas en este caso no es tan evidente, y más bien podría subrayar la vulnerabilidad en espacios digitales de grupos dedicados a la defensa de derechos humanos.
Negacionisimo del terrorismo de Estado
La observación muestra además los esfuerzos por impulsar un mensaje que minimiza el número de víctimas de la dictadura o que justifica las muertes y desapariciones. El 24 de marzo, 7.593 publicaciones utilizaron en X las etiquetas #NoFueron30000 y #NoFueronInocentes para cuestionar las cifras del terrorismo de Estado en Argentina.
Esta narrativa trae a colación eventos violentos perpetrados por organizaciones guerrilleras como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo. De esta manera, se asocia indiscriminadamente a todas las víctimas de desaparición –incluidos estudiantes, sindicalistas, periodistas, opositores o líderes religiosos– como terroristas y directa o indirectamente se defienden los crímenes cometidos por las fuerzas militares en su contra. “Ellos se decían ‘jóvenes idealistas’, nosotros les decimos asesinos”, reza la publicación con más interacciones de esta conversación. “La comieron por andar haciendo maldades”, sostiene otro mensaje.
Este tipo de publicaciones podrían estar infringiendo varias de las normas de contenido de X. Por una parte, la política de abuso y acoso prohíbe negar eventos con víctimas masivas, cuando se trata de hechos comprobados y cuando el contenido se comparte con un contexto abusivo, lo que incluye asegurar que las víctimas son falsas, como efectivamente ocurre con algunas de las publicaciones que utilizaron estas etiquetas.
Aunque están planteadas para ser aplicadas de manera global, en ocasiones las normas de contenido de X, como de otras redes sociales, están pensadas para responder a situaciones específicas. En el caso de esta política, se citan como ejemplos la negación del Holocausto judío o de tiroteos en escuelas. Sin embargo, su redacción puede dejar vacíos o zonas grises en otros contextos que tienen su propia complejidad, como es el caso de las discusiones sobre eventos de violencia ocurridos durante dictaduras militares o conflictos armados internos, fenómenos especialmente cercanos a los países de América Latina.
Aunque las publicaciones puedan estar incumpliendo las reglas de X, es poco probable que la compañía actúe al respecto, teniendo en cuenta que desde su adquisición por parte de Elon Musk ha primado una filosofía de menor moderación. En todo caso, cabe la pregunta por el efecto que podría tener la aplicación de las normas en un escenario tan tenso como el de Argentina.
Los reclamos por una intervención han sido esbozados directamente por las organizaciones de derechos humanos. El año pasado, Estela de Carlotto, presidenta de la asociación Abuelas de la Plaza de Mayo, envió una carta a Google para exigir que se tomaran medidas contra el negacionismo en Argentina de la misma manera en la que se ha hecho en países como Alemania. “Entendemos que la libertad de expresión es un principio fundamental, pero creemos que existe una responsabilidad ética en el alojamiento, difusión y recomendación algorítmica de la información, especialmente cuando se trata de hechos tan sensibles como la última dictadura en Argentina ”, expresa el documento.
